El Ministerio de Hacienda ha publicado las cifras fiscales para el primer mes del 2026, reflejando un aumento de los gastos públicos (+0,5%), a su vez que tal cual tormenta perfecta, anunciaba una disminución en los ingresos (-4%). Esta data refleja dos escenarios: en primer lugar, la bonanza de la reforma fiscal que entró a regir en el 2019 (Ley № 9635 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas) con la que se implementó el IVA, y el impuesto a las rentas y ganancias de capital, ha llegado a su fin. En segundo lugar, de las más de 300 instituciones del Estado costarricense, todas siguen operando, y si bien se han hecho recortes presupuestarios a algunas de ellas, esto no ha tenido impacto en el gasto público unificado del Estado.
¿Es la decadencia de la recaudación tributaria, una tendencia? La respuesta corta es: sí. Un estudio reciente de la OECD determinó que los países de Latinoamérica y el Caribe (LAC) recaudan un 21.3% de su PIB en impuestos y contribuciones sociales, mientras que los países desarrollados de la OECD recaudan un 35.1%, a partir de las mismas cargas tributarias. Esta brecha se debe principalmente, a la falta de capacidad técnica de las Administraciones Tributarias de los países de LAC, y el traslape de sistemas tributarios en la región. Lo anterior, hace que países como Barbados, Brasil y Argentina generen un 28% de su PIB, a partir de impuestos, en contraste con países de la región como Guatemala y Paraguay, que recaudan en impuestos menos del 15% del PIB.
¿Cuáles son las causas de esta caída en la recaudación? Si bien Costa Rica tiene la segunda tasa tributaria nominal más alta de los países LAC en el impuesto sobre las utilidades, equivalente a un 30%, su tasa efectiva de tributación está por debajo del 15%. Lo anterior, recae en mucho porque el 92% de las personas jurídicas en Costa Rica, tributa por debajo de una tasa tributaria nominal del 5%. La idea de una potencial reforma del impuesto sobre las utilidades tiene un costo político muy alto, siendo que esto incluye: el aumento de la tasa tributaria nominal de las PYMES, y la más sensible todas, ajustar las exoneraciones a las empresas que operan bajo el régimen de zona franca; algo que además ha sido solicitado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
¿Cuáles son las soluciones propuestas? Dado el costo político que conlleva ajustar el impuesto a las utilidades para las PYMES o las empresas que operan bajo el régimen de zona franca, ya se vislumbra no muy a lo lejos, un aumento del IVA al 15%. El IVA, es el mayor impuesto recaudado en los países de LAC, donde su recaudación equivale a un 6.2% del PIB, de ahí que recurrir a este impuesto instantáneo y de recaudación mensual sería lo más práctico para el Gobierno. Cabe destacar que esta decisión de política fiscal sería contraria a lo que ha estipulado la OCDE, con respecto a la tributación en los países de LAC, la cual ha sugerido a dichos países aumentar la tarifa impositiva sobre propiedad de inmuebles (Costa Rica es aún muy baja: 0.25% sobre el valor fiscal), así como aumentar el impuesto a las rentas y ganancias de capital.
Subir impuestos nunca debería ser una opción, si antes no se ha intentado al menos, reducir el gasto público. Sin embargo, la historia en los países LAC; y en especial en Costa Rica, no refleja esa disciplina fiscal sostenida en el tiempo, sino que fiel a su cultura de improvisación, propone “reformas parche” que solucionan un problema a corto plazo, omitiendo atender la reforma fiscal progresiva y equitativa que el país tanto requiere. Ante este panorama, la única constante será, que entre más se postergue esta reforma fiscal, con más premura se justificará un aumento de impuestos, que de proponerse y aprobarse como se espera, en un aumento del IVA, convertirá nuestro sistema fiscal en uno más regresivo, provocando que los que menos tienen, sean los que más paguen.
