De cara a las elecciones del próximo domingo, ha surgido la propuesta de establecer un régimen de excepción y la suspensión de garantías individuales para atender la crisis de seguridad en Costa Rica. Aunque esta medida siempre se presenta como temporal, su aplicación implica riesgos para los derechos fundamentales de las personas, quienes lejos de estar más protegidas, se vuelven más vulnerables frente al Estado. En un Estado democrático, estas herramientas deben usarse con extrema cautela, ya que si bien se promueven para proteger al ciudadano de la inseguridad, esto se hace legitimando prácticas totalitarias del Estado. La experiencia demuestra que, cuando el Estado de Excepción se consolida, se abre la puerta a abusos. Por eso, su análisis no debe limitarse al ámbito de la seguridad, sino también al respeto del derecho de defensa y el debido proceso en todos los procesos, incluyendo los procesos tributarios.
El Estado no puede fortalecerse y mucho menos se le deben otorgar herramientas para vulnerar el derecho de defensa y el debido proceso de los contribuyentes. Un ejemplo claro de cómo el fortalecimiento excesivo del poder estatal puede afectar derechos ocurrió en Costa Rica con la reforma tributaria de 2012, mediante la aprobación de la Ley № 9069 Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria. Esta reforma introdujo el principio de solve et repete, según el cual el contribuyente debía pagar el impuesto determinado por la Administración Tributaria antes de poder impugnarlo. En la práctica, esto colocaba al contribuyente en una situación de indefensión frente a la Administración Tributaria. No todos los contribuyentes tenían la capacidad económica para pagar primero y defenderse después, lo que significó una restricción al derecho de defensa.
Esta reforma, y el solve et repete fueron posteriormente declarados inconstitucionales por violar el debido proceso y el derecho de defensa de los contribuyentes. La Sala Constitucional reconoció que obligar al contribuyente a pagar antes de poder defenderse violentaba principios básicos del Estado de Derecho, como el derecho al debido proceso y el derecho de defensa. El fallo de la Sala Constitucional dejó claro que la eficiencia del Estado no puede justificarse a costa de los derechos fundamentales. Esta experiencia en materia tributaria, donde el interés público es relevante, recordó que ante las crisis económicas, como en su momento fue un alto déficit fiscal, no pueden menoscabarse derechos fundamentales para resolverlas. Este hecho histórico mostró, además cómo la legalización extrema del poder del Estado se transformó en una facultad confiscatoria y un abuso de poder.
La lógica detrás del solve et repete es similar a la que sustenta los regímenes de excepción: priorizar la autoridad del Estado sobre las garantías individuales. Cuando el Estado se coloca por encima del ciudadano, el riesgo es que la excepción se convierta en regla y que esa línea donde existe el respeto al debido proceso, el derecho de defensa y la propiedad privada se vuelva muy borrosa, frente a instituciones estatales que han sido legitimadas a menoscabar derechos y garantías individuales, priorizando los intereses del Estado. Es importante recordar que cada concesión al poder estatal, es directamente proporcional al debilitamiento de la protección de las libertades individuales. Hoy en día, el Estado Democrático no muere con un golpe de Estado, muere desde adentro, cuando quienes llegan al poder, concentran el poder y lo ejercen contra los ciudadanos.
