En el umbral de las elecciones presidenciales de Costa Rica en 2026, la nación enfrenta una coyuntura geopolítica y económica particularmente compleja. Costa Rica no solo es un país con tradición democrática plena, sino que desde 2021 figura como miembro de pleno derecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), siendo el primer país centroamericano en lograrlo. Esta membresía implica compromisos sustantivos con políticas públicas alineadas a estándares multilaterales, incluidas reformas fiscales, regulatorias y de transparencia. Paralelamente, Costa Rica mantiene una estrecha alianza estratégica con Estados Unidos, caracterizada por acuerdos comerciales, inversiones directas y cooperación en seguridad y desarrollo económico.
En el plano global, el escenario internacional exhibe tensiones profundas entre fuerzas que impulsan la globalización y otras que propugnan un retorno hacia estrategias más soberanistas y nacionalistas. En elForo Económico Mundial en Davos 2026, líderes globales debatieron estas fuerzas antagónicas bajo el lema“Un espíritu de diálogo”. Desde la perspectiva de Estados Unidos, figuras como el Secretario de Comercio estadounidense han llegado a declarar que “la globalización ha fallado a Occidente”, promoviendo un enfoque“America First”que prioriza la protección de trabajadores y la industria nacionales. En contraste, representantes europeos y otros defensores del multilateralismo, como el primer ministro canadiense: Mark Carney o el presidente francés: Emmanuel Macron en Davos, advirtieron sobre la erosión del orden basado en normas y defendieron una cooperación robusta que mantenga reglas y estabilidad internacional.
Este debate internacional se intersecta con transformaciones concretas en la esfera tributaria global que afectan directamente a Costa Rica como país miembro de la OCDE. La iniciativa dePilar 2 del Marco Inclusivo OCDE/G20 busca establecer unimpuesto mínimo global del 15 % a las grandes multinacionalespara limitar la erosión de bases imponibles y la competencia fiscal perjudicial entre jurisdicciones. Aunque Costa Rica no enfrenta impactos inmediatos, el avance de este estándar exige al país considerar ajustes en su normatividad tributaria para alinearse con estándares internacionales y proteger su base fiscal sin perder competitividad. No obstante, la postura de Estados Unidos bajo la actual administración refleja unrechazo parcial a ciertos elementos del globalismo tributario, complicando la implementación homogénea del acuerdo y subrayando tensiones entre soberanía fiscal y cooperación internacional.
Adicionalmente, el panorama geoeconómico contemporáneo muestra la emergencia de alianzas y espacios de cooperación más allá del eje tradicional Occidente-EE. UU.-Europa. En Davos, China abogó por fortalecer el comercio global y multilateralismo, rechazando unilateralismos y promoviendo apertura al intercambio económico como motor de crecimiento compartido. India, por su parte, aunque enfoca gran parte de su política interna en incentivos domésticos, también destaca la importancia de acceso a cadenas de valor globales y cooperación exterior, especialmente frente a desafíos como la competencia china y las fricciones comerciales globales. Estas posiciones reflejan un movimiento más amplio hacia redes de cooperación económica que no se circunscriben exclusivamente a los parámetros tradicionales del “Occidente global”.
En conclusión, el próximo gobierno de Costa Rica enfrentará la gran decisión de definir su papel dentro del nuevo orden mundial, equilibrando su histórica alianza con Estados Unidos, su compromiso técnico con los estándares de la OCDE, y las exigencias de un contexto global en transformación donde actores como China e India ofrecen alternativas de cooperación internacional. La posibilidad de que Costa Rica se sume a los procesos de gobernanza global, alinee su política fiscal con iniciativas como el Pilar 2 y adopte una visión pro-globalismo multilateral, o bien refuerce autonomías estratégicas abiertas pero selectivas, implicará una redefinición del concepto de soberanía tributaria y su praxis en la política exterior y económica para la próxima década.
