El reciente triunfo deLaura Fernández como presidenta de Costa Rica, acompañada por una mayoría absoluta de 31 diputados en la Asamblea Legislativa, marca un momento político relevante para la gobernabilidad y las políticas económicas del país. La consolidación de este bloque legislativo facilita el manejo de la agenda legislativa, la discusión de leyes, que aunque no basta para reformar la Constitución, que requieremayoría calificada de 38 voto sen ciertos casos, sí bastará para la aprobación de leyes ordinarias de forma más expedita.Esta configuración ofrece una oportunidad única para intentar la aprobación de reformas que han sido objeto de debate durante años, incluyendouna transformación profunda del sistema tributario nacional.
Una de las áreas que más atención ha recibido en los últimos tiempos es lareforma del Código de Normas y Procedimientos Tributariosy de laLey del Impuesto sobre la Renta. Antes de estas elecciones, el Poder Ejecutivo presentó al Congreso, bajo la estrategia fiscal denominada“Hacienda en Acción”,varios proyectos de ley orientados a reformar el sistema tributario. Entre estas iniciativas se proponía una nueva amplia modificación a la Ley del Impuesto sobre la Renta que sugería abandonar el esquema cedular para promover un sistema más progresivo e integrado de renta global, así comola revisión de exoneraciones fiscales y mayores facultades de fiscalización para la Administración Tributaria.Estas reformas buscan, en teoría, modernizar y hacer más equitativo el sistema tributario, y dotar de más armas para el fortalecimiento del control tributario.
La mayoría absoluta del oficialismo, con la dirección política de legisladores que han propuesto reformas fiscales en el pasado, como es el caso del exministro de Hacienda Nogui Acosta, podría ser clave para empujar estas propuestas con mayor rapidez en el nuevo período legislativo, todo dependerá eso sí, de que tan beligerante será la oposición a sus propuestas. El reto será equilibrar la necesidad de recaudar más ingresos y simplificar el sistema, con la protección de la inversión extranjera directa y el crecimiento económico, en un momento en el que la economía mundial se vuelve cada vez más convulsa. Asimismo, el nuevo contexto de la regla fiscal y el compromiso de la presidenta electa con su respeto muestran un reconocimiento de que las reformas deben ser responsables y sostenibles, sin desincentivar la actividad económica ni las finanzas públicas.
En concordancia con lo anterior, a nivel global, la presión por adaptar sistemas tributarios será mayor para Costa Rica en el 2026. La OCDE y el G20 han impulsado el Pilar Dos de la iniciativa contra la erosión de bases imponibles y traslado de beneficios (BEPS), que establece un impuesto mínimo global del 15% para grandes empresas multinacionales. Este contexto internacional empuja a los países a ajustar sus normas para evitar la evasión fiscal y mantener la competitividad tributaria. Para Costa Rica, un país que ha usado incentivos fiscales para atraer inversión en empresas de zonas francas, esto podría significar replantear cómo se estructuran estos beneficios, y el impacto de estos en el sistema tributario actual, ya que el Pilar Dos puede afectar la eficiencia de los incentivos si el impuesto efectivo cae por debajo del mínimo global.
En conclusión, la combinación del triunfo electoral de Laura Fernández y su mayoría en la Asamblea Legislativa podría traducirse en un periodo de intenso debate fiscal para promover reformas fiscales, que en otros momentos históricos requirieron un alto desgaste para llegar a un consenso. Las propuestas de reforma al Código de Normas y Procedimientos Tributarios y la Ley del Impuesto sobre la Renta, que ya se encontraban en trámite, podrían avanzar con mayor rapidez, pero también enfrentarán el desafío de lograrlas otorgando seguridad jurídica, fortaleza técnica e incentivos adecuados para la inversión y el cumplimiento de estándares internacionales como el Pilar Dos de la OCDE. Estos factores colocan a Costa Rica en un punto decisivo: aprovechar este escenario para desarrollar un sistema tributario moderno, eficiente y equitativo, o arriesgarse a generar incertidumbres que afecten la competitividad y el clima de inversión, en especial en las zonas francas que han sido motores de empleo y exportaciones.
