La entrada en funciones de la nueva Asamblea Legislativa de Costa Rica el 1 de mayo de 2026 plantea retos normativos significativos, entre ellos la obligación de crear un marco legal para las transacciones con criptoactivos acorde con las expectativas de un país miembro de la OCDE. A medida que los criptoactivos—como Bitcoin y otras monedas digitales—se vuelven más relevantes en la economía global, se hace evidente la necesidad de establecer reglas claras que definan su tratamiento legal, fiscal y operativo. En Costa Rica, la ausencia de una legislación específica ha generado vacíos en la regulación, lo que dificulta la supervisión, protección al consumidor y el cumplimiento tributario.
La Unión Europea ha avanzado en esta materia con la regulación Markets in Crypto-Assets (MiCA), un marco jurídico integral que entró en vigor completamente en diciembre de 2024. MiCA armoniza reglas a escala comunitaria para emisores y proveedores de servicios de criptoactivos, fortaleciendo la transparencia, la protección de inversores y la supervisión de mercados relacionados con criptoactivos y stablecoins. En el Reino Unido, aunque la regulación es más incipiente y más alineada con el modelo regulador general de servicios financieros, también está en desarrollo una legislación que empezará a aplicarse en los próximos años para dar mayor certeza jurídica. Estos ejemplos muestran que los países económicamente avanzados entienden que la regulación no sólo atiende riesgos financieros, sino que también impulsa la innovación responsable.
En el contexto global, las Naciones Unidas han publicado el Toolkit for the Evaluation of Crypto Tax Risks, una guía práctica para que los países identifiquen y evalúen los riesgos fiscales asociados con criptoactivos, como la erosión de bases imponibles y la falta de mecanismos de reporte efectivo. Esta publicación—desarrollada por expertos en cooperación fiscal—ayuda a los gobiernos a dimensionar los desafíos y diseñar respuestas jurídicas que fortalezcan la recaudación de impuestos sin sofocar el desarrollo tecnológico. Además, la OCDE ha impulsado mecanismos de intercambio de información (como el Crypto-Asset Reporting Framework o CARF) que requieren que los proveedores de servicios de criptoactivos reporten información detallada a las autoridades tributarias, reforzando así la transparencia y el cumplimiento fiscal internacional.
En Costa Rica, se intentó avanzar con el Proyecto de Ley 23.415 (“Ley de Mercado de Criptoactivos”), que buscaba dotar al país de un marco legal para el uso, aceptación y clasificación de criptoactivos como moneda virtual privada sin otorgarles curso legal. Aunque este proyecto sentó precedentes importantes en la discusión legislativa, fue archivado y no prosperó en su momento. Actualmente, otra iniciativa clave es el Proyecto de Ley 24.811, que propone obligar a los proveedores de servicios de criptoactivos a reportar información a la Administración Tributaria, alineándose con el marco OCDE (CARF) para combatir la opacidad, evasión fiscal y otras actividades ilícitas. Sin duda, estas iniciativas muestran la voluntad de actualizar el ordenamiento jurídico, aunque todavía falta completar un marco integral que atienda todos los aspectos del fenómeno cripto.
En conclusión, con la mayoría legislativa que tendrá la nueva Asamblea Legislativa, la aprobación de una legislación robusta sobre criptoactivos no puede ser postergada. La ausencia de reglas claras solo favorece la incertidumbre, la posibilidad de abuso, el riesgo de evasión fiscal y la pérdida de competitividad en mercados financieros globales. Un marco jurídico adecuado no solo responde a las exigencias de la OCDE y de normativas internacionales como MiCA, sino que también protege a consumidores, fortalece la integridad del sistema financiero y posiciona a Costa Rica como un país moderno y responsable frente a los desafíos tecnológicos del siglo XXI. La legislación sobre criptoactivos es, por tanto, una necesidad impostergable para salvaguardar los intereses públicos y privados en una economía cada vez más digital.
