Oliver Wendell Holmes Jr., juez de la Suprema Corte de los Estados Unidos, escribió en una de sus sentencias: “los impuestos son el precio que pagamos por vivir en una sociedad civilizada”. En palabras sencillas, el pago de los impuestos debería financiar el funcionamiento óptimo del contrato social de Rousseau, que comprende la seguridad ciudadana, la salud, la educación pública y la infraestructura de un Estado. Todo lo anterior, está intrínsecamente asociado a lo que se conoce en la ciencia económica y fiscal como el principio de beneficio (the benefit principle) desarrollado por los economistas Knut Wicksell (1896) y Erik Lindahl (1919).
El principio de beneficio debe entenderse como la aspiración de un Estado para establecer tarifas tributarias, que sean proporcionales al beneficio individualizado otorgado a cada contribuyente, como contraprestación al pago de tributos. Es un quid pro quo, en el que los contribuyentes pagan sus impuestos, con la esperanza de recibir algo a cambio por parte del Estado. El principio de beneficio es la base de lo que se conoce como tax morale, definida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como la motivación intrínseca que tiene un individuo para pagar las cargas tributarias impuestas por su país.
Pero ¿por qué en Costa Rica nadie quiere pagar impuestos? La respuesta es simple, existe una desconexión con el principio de beneficio y con esto existe una moral fiscal deteriorada. Los contribuyentes no tienen la percepción de pagar el precio por una sociedad más civilizada, por un país más seguro, y es que esto no es una percepción, es una realidad. Así, por ejemplo, el Impuesto a las Personas Jurídicas (IPJ) que se cobra anualmente desde el año 2011, tiene como destino al Ministerio de Seguridad Pública (90%), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) (5%), y el Ministerio de Justicia y Paz (5%), todo lo anterior, con el propósito de mejorar la seguridad ciudadana.
Por su parte, la Contraloría General de la República, reveló que los homicidios dolosos en 2023 y 2024 alcanzaron cifras récord (906 y 880 respectivamente). Entre 2010 y 2023 los casos de tráfico de droga aumentaron un 2.108%. En Costa Rica se da un robo de vehículos cada hora con nueve minutos. Para 2025 el monto aprobado del gasto del Gobierno Central en seguridad y justicia asciende a ₡1.122.787 millones, equivalente al 2,14% del PIB, contra un 2,07% del PIB del año 2024. Es decir, el Gobierno Central ha aumentado el gasto público en seguridad y justicia, todo lo anterior, aun y cuando se creó un impuesto (IPJ) hace más de una década para mejorar la seguridad ciudadana.
Cuando un gobierno les da a sus ciudadanos la retribución debida por el pago de sus impuestos, disminuye la coacción para cobrar tributos y aumenta la moral fiscal (tax morale). La aprobación del IPJ, es un claro ejemplo de cómo crear impuestos per se, no resuelve problemas estructurales de un Estado. Y es por ello, que más allá de reformar la ley para que el Estado pueda “tener más armas para recaudar”, el Estado costarricense debe abocarse a informar a la ciudadanía sobre el destino de los impuestos, pero por sobre todo debe abocarse a retribuir a sus contribuyentes los altos impuestos que se pagan en Costa Rica, y contribuir así a fortalecer la moralidad fiscal.
