El Common Reporting Standard (CRS) Report es un mecanismo que permite a las administraciones tributarias compartir información financiera de trascendencia tributaria, bajo el instrumento denominado como: AEOI (Automatic Exchange of Information), es decir, intercambio automático de información. Este instrumento instaurado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ha sido promovido como una herramienta contra la evasión fiscal, dirigido a personas físicas que abren cuentas bancarias en otras jurisdicciones para distraer ingresos de las administraciones tributarias locales.
En el año 2012, por medio de la aprobación de la Ley N.º 9068 Ley para el cumplimiento del estándar de transparencia fiscal, fue autorizada la apertura del secreto bancario en Costa Rica por parte de la Administración Tributaria, al modificar el Artículo 615 del Código de Comercio. Desde ese entonces, si bien se instauró el procedimiento de apertura del secreto bancario, mediante la validación judicial del Tribunal Contencioso Administrativo, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 106 ter del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el acto que solicita la apertura del secreto bancario, es un acto vacío de contenido, y ausente de garantías individuales, que ha legitimado repetidas arbitrariedades por parte de la Administración Tributaria.
Con posterioridad a lo anterior, de forma casi imperceptible se aprobó la Ley N.º 10.488, para remover a Costa Rica de la lista gris de la Unión Europea, lista en la que había sido incluida Costa Rica, por inconsistencias al momento de realizar el AEOI. Esta ley, en última instancia, autorizaba compartir información tributaria con otras jurisdicciones de forma automática y periódica, a través del Common Reporting Standard (CRS). Tal cual era de esperarse, el CSR, se ha convertido en la nueva herramienta mediante la cual el Ministerio de Hacienda ha desatado una cacería a aquellos costarricenses que viven en otras jurisdicciones y tienen aún un vínculo familiar o empresarial con Costa Rica.
En concordancia con lo anterior, la notificación masiva de requerimientos de información derivados del CSR por AEOI, está obligando a los costarricenses que viven en otros países a facilitar su información bancaria, y demostrar la procedencia de cada uno de los ingresos reportados en dichas cuentas bancarias. Esto parecería un procedimiento de simple trámite, pero no lo es. De acuerdo a los principios por los que se rige el Ministerio de Hacienda, en caso que el contribuyente no logre demostrar el origen de los ingresos, o que estos no son de fuente costarricense, se procederá a aplicar la figura del incremento patrimonial no justificado, y gravar estos montos, aun y cuando no fueron generados en Costa Rica.
El CRS se ha convertido en un aliado más de la territorialidad extendida. La Administración Tributaria costarricense, sigue extendiendo su territorialidad, ya ni siquiera más allá de los límites geográficos, sino inclusive al punto de gravar a las personas por su nacionalidad costarricense. Esta vulneración de derechos fundamentales, como lo son el derecho a la privacidad, ha cedido en el nombre de “prevenir la evasión fiscal”, una iniciativa más que Costa Rica ha seguido, como parte de ser miembro de la OCDE. Hoy solo queda la resignación y plantearse, ¿qué tanto nos ha dejado ser miembro de la OCDE? Porque al día de hoy, lo único visible en el horizonte son las pérdidas.
