La idea de rebajar impuestos, es una idea que en todo momento y en todo lugar, debe ser apoyada. A finales de la semana pasada se presentó en el Congreso el proyecto de ley N.º 25.239 denominado: “Reforma para un IVA justo y un catastro moderno”. La propuesta sugiere el rebajo de la tarifa del IVA del 13% que rige actualmente en Costa Rica, a un 10%. El IVA es el impuesto más regresivo que existe, siendo que se aplica sin distinción de la capacidad económica de quien adquiere bienes y servicios, y es ineludiblemente víctima de esta carga tributaria.
Ahora bien, lo positivo del proyecto es que propone reducir el impuesto más odioso de todos, el IVA que afecta a las personas sin distinción de clase social, de un 13% a un 10%. Por otra parte, propone aumentar el valor de no sujeción al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (ISBI) de 45 a 60 salarios base; es decir, inmuebles de mayor valor estarían dispensados de pagar el ISBI; y finalmente, pretende homologar el valor que tengan los bienes inmuebles en la Municipalidad, con el valor que tengan registrado para ante el Ministerio de Hacienda.
Dicho lo anterior, lo negativo del proyecto, es que contrarresta la rebaja del IVA con la creación de una nueva entidad: La Agencia Catastral Nacional; que se financiará con lo recaudado por el ISBI. Asimismo, se propone el aumento de la tarifa del ISBI, de un 0.25% a un 0.75%; es decir se triplica el monto del impuesto. Finalmente, el proyecto propone la creación del Fondo de Equidad Territorial (FET), financiado hasta con un 10% de lo recaudado por el Gobierno Central, administrado por el Ministerio de Hacienda en coordinación con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).
Lo inviable del proyecto: la autonomía municipal de índole financiera y tributaria y el porcentaje del PIB comprometido con deuda. De conformidad con lo establecido en el Artículo 169 y 170 de la Constitución Política, las municipalidades tienen autonomía tributaria y financiera, de ahí que cualquier propuesta que roce con dicha autonomía podría devenir en inconstitucional, de ahí que se abrirá un debate con 84 municipalidades. Y finalmente, siendo que el 59.2% del PIB estará comprometido con deuda el próximo año y los ingresos fiscales se proyectan en caída libre, la reducción del IVA parece inviable.
Aun en medio de todas estas vicisitudes, concluyo aplaudiendo esta propuesta que se erige sobre un principio de equidad y justicia tributaria, que dicta que un sistema tributario progresivo es aquel que grava el capital (bienes inmuebles) más que el consumo. No obstante, si algo aprendí del Parlamento Británico, es la importancia del Ways and Means Committe (Comisión de Medios y Formas), que revisa todas las reformas tributarias, para analizar su viabilidad económica y su potencial afectación al Erario Público, más allá del beneplácito popular asociado a la promesa de rebajar impuestos.
