El año 2026 que está pronto a llegar, será un año que traerá mayor equidad fiscal a los trabajadores independientes, o como se le conoce en otras jurisdicciones: a los trabajadores autónomos. El año 2025, dejó consigo dos reformas fiscales importantes en este sentido. En primer lugar, la reforma introducida por la ley N.º 10.667 que aumentó la base imponible, y con esto se amplió el rango de exoneración de los ingresos gravables, y, en segundo lugar, la reforma introducida por la ley N.º 10.808, que permite a cualquier persona física que presta servicios profesionales de forma independiente, acogerse a la deducción única del veinticinco por ciento (25%).
La primera reforma, introducida por la ley N.º 10.667, trae equidad fiscal, en tanto aumenta el monto de la base imponible, de un monto de ¢4.094.000,00 a ¢6.244.000,00. Lo anterior implica que los trabajadores independientes empezarán a tributar en el año 2026 a partir del monto mensual de ¢520.334,00 en lugar de, a partir del monto mensual de ¢341.167,00, monto que rigió en el 2025. Este monto gravable, sin embargo, aun contrasta de forma muy significativa con el monto mensual de ¢918.000,00, siendo este el monto a partir del cual las personas asalariadas, empiezan a tributar, con el Impuesto sobre las Rentas al Trabajo en relación de dependencia.
Por otra parte, la segunda reforma, publicada el pasado 11 de diciembre, introduce la posibilidad para “cualquier sujeto pasivo que preste servicios profesionales” de acogerse a una deducción única del veinticinco por ciento (25%), sin necesidad de prueba alguna que justifiquen estos gastos. La redacción anterior, permitía esta deducción únicamente a los profesionales, técnicos, agentes vendedores y comisionistas, de forma tal que la redacción actual, deja la posibilidad a cualquier persona física que desarrolle una actividad lucrativa, para que pueda acogerse a esta deducción, y tributar así únicamente sobre el 75% de sus ingresos brutos.
Estas reformas fiscales traen equidad fiscal a los trabajadores independientes en la medida en que se equipara su situación tributaria frente a las personas asalariadas y frente al alto costo de la vida de la economía costarricense. La realidad de los trabajadores independientes tiene una variable, que no enfrentan las personas asalariadas, y que muchas veces les inhibe de tributar: la inestabilidad, un mes sí hay ingresos, el otro no. De forma tácita, cabe destacar además que estas reformas son un gran aliciente para disminuir la informalidad, que hoy por hoy afecta a 800.000 (ochocientas mil) personas en Costa Rica.
En conclusión, hay una máxima ineludible en la tributación doméstica, y es que mientras las empresas pueden tomar múltiples formas y usar innumerables artilugios para evadir o eludir la tributación, esta no es la realidad de las personas físicas, las cuales están siempre expuestas ante el fisco. Estas reformas fiscales, son un paso más hacia la equidad fiscal, hacia una base exonerada más amplia que sea acorde con el costo de la vida, y hacía una inclusión de personas físicas a la tributación que independientemente de sus calificaciones profesionales, puedan acogerse al beneficio de deducción única, que simplifica el cumplimiento tributario e incentiva la seguridad jurídica.
