El pasado 13 de abril de 2023, la diputada Johana Obando Bonilla, y los diputados Eliécer Feinzaig Mintz y Gilberto Campos Cruz, presentaron el proyecto de ley N.º 23.675, mediante el cual se modifica de forma parcial la Ley N.º 7092 Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), con lo que se procura que Costa Rica, se incluya de nuevo como jurisdicción cooperante de la Unión Europea en materia fiscal, en el mes de octubre de 2023, fecha en que se llevará a cabo la próxima revisión. Si bien existe un proyecto que se presentó con anterioridad, este nuevo proyecto pretende no alterar el principio de territorialidad, y gravar por regla de excepción las rentas pasivas extraterritoriales.
Pero, puntualmente ¿qué establece esta reforma? En primer lugar, la reforma adiciona el Artículo 1ter, el cual se denomina: “Rentas pasivas generadas en el exterior para efectos de fuente costarricense”. En dicho artículo se establecen las condiciones en que las rentas repatriadas de forma física o contable, deberán considerarse también como de fuente costarricense. Es importante destacar que esta técnica legislativa, contrasta con el proyecto anteriormente presentado, el cual modificaba el Artículo 1 de la Ley N.º 7092 Ley del Impuesto sobre la Renta, gravando rentas pasivas “con independencia de la nacionalidad, residencia, o el domicilio”.
El hecho de incluir un gravamen de rentas pasivas “con independencia de la nacionalidad, residencia, o el domicilio” en el Artículo 1 de la Ley N.º 7092 Ley del Impuesto sobre la Renta, tácitamente deroga o al menos atenúa la territorialidad, y le da más potestades a la Administración Tributaria, de gravar cualquier renta que pueda repatriarse. Es por esto precisamente, que, al momento de describir el gravamen de las rentas pasivas extraterritoriales, se adiciona un Artículo 27 quinquies, en el capítulo XI de la LISR, de forma tal que sea crea una categoría especial de gravamen para entidades de un grupo económico nacional o internacional, consideradas como no calificadas.
La reforma propuesta, establece una categorización de rentas pasivas distinta, a la ya establecida en el Artículo 27, siendo estas propiamente, las rentas pasivas extraterritoriales provenientes de entidades no calificadas. Asimismo, a efectos de definir las entidades calificadas y no calificadas, la reforma introduce los criterios de ‘sustancia económica’ tales como existencia de empleados, contratos suscritos, riesgos asumidos, entre otros, que efectivamente determinarán si una entidad es o no calificada. Lo anterior, es relevante, precisamente para evitar el uso de “sociedades de papel” para repatriar rentas pasivas libres de tributación.
Adicionalmente, el proyecto de ley introduce la propuesta de reducción de la tarifa del impuesto sobre las utilidades en un diez por ciento (10%). Es decir, una reducción de la tarifa del treinta por ciento (30%) al veintisiete por ciento (27%). Lo anterior, se basa en el último estudio económico de Costa Rica, realizado en el 2023, por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la cual, de acuerdo a lo establecido en la exposición de motivos del proyecto, establece que la tarifa del impuesto sobre las utilidades, en Costa Rica, es alta, en comparación con la tarifa de los demás países de la OCDE.
Este proyecto de ley, es un proyecto que propone la reforma mínima necesaria para la Ley del Impuesto sobre la Renta, de forma tal que no se afecte el principio de territorialidad, al no modificar el Artículo 1 de dicha ley, y recurrir al gravamen de rentas pasivas extraterritoriales por vía de excepción. El proyecto además tiene la precaución, de establecer un transitorio que no afecte a los contribuyentes de forma retroactiva. Si bien es cierto, el Poder Ejecutivo, podrá plantear su propia reforma, lo cierto, es que hoy por hoy, existe una reforma base, sobre la que se puede trabajar para salir de la lista negra, sin que eso implique establecer renta mundial o global en Costa Rica.
