El pasado 14 de febrero, Costa Rica recibió la lamentable noticia, de haber sido incluido dentro de la “lista negra” de países no cooperantes en materia tributaria, de la Unión Europea (UE). Pero, ¿cuál es el origen de esta lista? Y ¿cuáles son las implicaciones de estar en ella? La lista de la UE de jurisdicciones no cooperantes a efectos fiscales se estableció en diciembre de 2017. Esto es parte de una estrategia en materia fiscal, que tiene como objetivo contribuir a los esfuerzos en curso para promover la buena gobernanza fiscal en todo el mundo. Las jurisdicciones se evalúan sobre la base de un conjunto de criterios establecidos por el Consejo.
Desde 2020, el Consejo actualiza la lista dos veces al año. La próxima revisión está prevista para octubre de 2023. De forma proactiva, las diputaciones no se hicieron esperar, y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) en particular, presentó el proyecto de ley N.º 23.581, mediante el cual se propone modificar la ley N.º 7092 Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR). En este sentido, cabe preguntarse, ¿qué artículos se pretenden reformar?, para lo que necesariamente emerge la pregunta, ¿puede el texto de este proyecto, en caso de convertirse en ley, solventar la necesidad legislativa imputada por la Unión Europea a corto, mediano o largo plazo?
Si bien expresamente las diputaciones han afirmado, que no se adopta un esquema de renta mundial, lo cierto es que la redacción sugiere todo lo contrario. Particularmente, la modificación propuesta al Artículo 1 de la Ley del impuesto sobre la Renta, establece un gravamen a las rentas derivadas de “servicios prestados, bienes situados, y capitales y derechos utilizados” “con independencia de la nacionalidad, domicilio o residencia de quienes intervengan en las operaciones de celebración de los negocios jurídicos”. Lo anterior, si bien pretende extender la sujeción de rentas pasivas, termina al final modificando in extremis el criterio de sujeción de las rentas pasivas en Costa Rica.
Por otra parte, el proyecto de ley, propone, en primer lugar, el gravamen de los dividendos, intereses, regalías, y otros rendimientos del capital mobiliario, en el Artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pero aclara que estas deben tributar según el Capítulo XI. En segundo lugar, lo anterior, propone que lo anterior debe ser aplicable a las entidades integrantes de un “grupo multinacional”, concepto que, además, se pretende adicionar en un Artículo 2 bis en la LISR, y, en tercer lugar, se incluye la posibilidad para el contribuyente de aplicar créditos fiscales en Costa Rica, homólogos a los montos de impuestos pagados en el exterior.
El proyecto de ley, si bien tiene un fin loable, dista mucho de una técnica jurídica integrada al ordenamiento jurídico tributario. Es decir, el proyecto de ley, puntualmente reproduce lo planteado por Uruguay, cuando en su momento, se encontraba en la misma situación que Costa Rica. No obstante, si bien, en su momento el problema era el mismo, no necesariamente, quiere decir que las soluciones serán las mismas. De ahí que se ha informado a la Unión Europea, sobre este proyecto de ley, el cual será objeto de valoración, pero ya desde ahora se anticipa, que las soluciones deben ser trajes a la medida, y no copias al carbón, de lo que se ha hecho en otras jurisdicciones.
El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, ha anunciado que estará enviando un proyecto de ley, para antes del 31 de marzo de 2023. Este proyecto de ley, resume las peticiones a cumplir según la Unión Europea, para que Costa Rica deje de formar parte de esta “lista negra”. Si bien, todo pareciese indicar un muy buen augurio, no hay que olvidar, que lo anterior, podría significar, un intento más, por parte del Poder Ejecutivo, para reformar nuestro sistema de gravamen de rentas (de renta cedular, a renta global) y nuestro criterio de sujeción (de renta territorial a renta mundial), confundiendo a la población, con lo que realmente se requiere para salir de este aprieto.
