El pasado sábado 17 de septiembre, fue destituido de forma sorpresiva, el Presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social: Álvaro Ramos. El señor Presidente de la República, alegó, que las decisiones del presidente de esta entidad, no se ajustaban a la regla fiscal, en tanto pretendía un aumento salarial para este sector. La regla fiscal, como tal, parece ser un as bajo la manga, utilizado por el Gobierno a conveniencia. Entre las primeras acciones del Presidente, estuvo la firma del Decreto N.º 43589-H, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el 3 de julio del presente año, mediante el cual se derogaba parcialmente la regla fiscal.
La regla fiscal como tal, nació a partir del Capítulo IV denominado “Responsabilidad Fiscal de la República”, de la Ley N.º 9635 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, publicada el 4 de diciembre de 2018, esto con el fin de control el gasto de las entidades públicas, frente a la crisis que enfrentaba (y aun parcialmente enfrenta) el Gobierno por el déficit fiscal. La regla fiscal, explica la ley es aplicable a los presupuestos de los entes y los órganos del sector público no financiero. Dentro de la misma narrativa de la “Regla Fiscal”, se establece las excepciones dentro de las que se incluye en primer lugar a la Caja Costarricense del Seguro Social.
Recientemente, en julio pasado la Contraloría General de la República (CGR) emitió la Liquidación de Presupuestos Públicos y su Dictamen del 2021. En dicho dictamen se informaba que, en 2021, se habían auditado 104 instituciones del sector público no financiero, y que se determinó que de estas solamente 58 instituciones, cumplían con la regla fiscal, es decir un 55.7% de las instituciones auditadas. Asimismo, se determinó que 21 instituciones incumplían con la regla fiscal, es decir un 20.1% y 25 instituciones, es decir, el 24% de las instituciones, ni siquiera aportaron la documentación requerida por la Contraloría General de la República, para poder ser auditadas.
Si bien es cierto, el análisis anterior se refiere al gobierno de Carlos Alvarado, llama la atención que entre primeras acciones del actual Presidente Rodrigo Chaves, estuviese la entrada en vigencia del Decreto N.º 43589-H, publicado en la Gaceta el 3 de julio de 2022, mediante el cual derogó parcialmente la aplicación de la regla fiscal, basándose en la “situación de emergencia” que vivía el país, derivada de la propagación del COVID-19. No obstante, posteriormente, el 17 de agosto, mediante el Decreto N.º 43650-MP-S, se decidió levantar el Estado de Emergencia, que vive el país, dejando así sin fundamento legal, la derogatoria parcial de la regla fiscal.
Es evidente, que ni el gobierno anterior, ni el actual, cumplieron ni están cumplimiento con la regla fiscal, y si bien es cierto se esperaría un control político desde la Asamblea Legislativa, que reproche esto al Poder Ejecutivo, en su lugar, lo que sale de la Asamblea Legislativa son leyes para liberar a cada vez más entidades de la regla fiscal. Hoy, el Presidente Rodrigo Chaves está demandado por la CGR por incumplir la regla fiscal, es un dato que pocas personas conocen, incluyendo pareciese algunos diputados y diputadas de la República, quienes parecen no haber entendido aun su rol, de contención del Poder Ejecutivo. Ya lo dijo el profeta Oseas: “Mi pueblo perece por falta de conocimiento”.
