En días pasados la Dirección General de Hacienda (DGH) ha estado notificando de forma masiva requerimientos de información para preparar el Estudio Económico a Empresas (EEE); una unidad según indican, adscrita a esta Dirección. El requerimiento de información tiene como justificación, “establecer los nuevos valores del PIB y el cumplir con una serie de requerimientos de información tanto ordinaria como extraordinaria de los organismos de los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”. En este mismo sentido, el requerimiento de información advierte que para el periodo 2012-2013 se ha realizado una amplia investigación a 14.063 unidades jurídicas que representan todos los sectores y actividades económicas de país.
El requerimiento de información para el Estudio Económico a Empresas (EEE) vigente desde el 2012, hasta entonces había parecido inofensivo; no obstante, se ha solicitado a los contribuyentes: balances de comprobación detallado a su nivel más desagrado posible, balance general, estado de resultados, cantidad de personal ocupado promedio anual, estado de cambios en el patrimonio, país de origen del capital de empresa, cédula de auxiliar de activos fijos, entre otros. Es importante destacar que esta información financiera y tributaria resulta ser altamente sensible; la cual, por lo general, solo se brinda a la Administración Tributaria, cuando el contribuyente ha sido elegido en virtud de un criterio objetivo de fiscalización para notificar un requerimiento de información o inclusive iniciar una fiscalización.
En este mismo sentido, es importante destacar que de conformidad con el Artículo 117 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, esta información; es, además: confidencial. Resulta imperativo consultarse, ¿Cuál es el propósito y destino de esta información? De acuerdo con lo consultado, a ciertas fuentes, esta información estará dirigida al Banco Central de Costa Rica (BCCR); quienes procederán a utilizarla para calcular “los nuevos valores del PIB y el cumplir con una serie de requerimientos de información”. Sin embargo, de igual forma se dice, que alguna información será compartida, para cumplir requerimientos de información a organismos internacionales como lo son el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Cabe preguntarse ¿hasta dónde pueden estos organismos internacionales pueden coaccionar a los jerarcas de nuestro país a facilitar información que de acuerdo a nuestra legislación local es confidencial? Todo parece indicar que el Artículo 24 de la Constitución Política, que tutela el derecho a la intimidad se vacía cada vez más de contenido, frente a la coercitividad de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); que continuamente solicitan información, bajo la excusa de “revisar” si Costa Rica, está cumpliendo con los parámetros macroeconómicos impuestos por ellos. Lo mismo ha sucedido, desde la Ley FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) en 2010 y la obligación del intercambio automático de información, por parte de los países miembro de la OCDE.
Por su parte, nuestra Administración Tributaria, tiene cada vez más un acceso a información sensible y calificada, a la que ha demostrado no saber custodiar, y de la que ha admitido haber compartido de forma parcial o total. Ahora, queda la necesaria interrogante ¿utilizará la Administración Tributaria esta información para iniciar acciones de fiscalización? Todo parece indicar que no será así; sin embargo, si se piensa de forma pragmática, no hay nada que lo impida. El fenómeno confiscatorio, pro fisco, se ha fortalecido a través de la última década, borrando poco a poco la poca privacidad financiera que las personas pudiesen tener, en nombre de “evitar la evasión y elusión fiscal y procurar la justicia tributaria”. Todo esto; sin embargo, son acciones que llevan consigo la invasión y violación a nuestra soberanía por parte del FMI y la OCDE.
La globalización puede haber traído muchas ventajas al mundo; no obstante, se ha convertido en un reto para los países en vías de desarrollo, que han tenido que ceder frente a las presiones económicas, financieras y políticas de los países desarrollados. Todo lo anterior, acontece a vista y paciencia de personas y entidades que van aceptando de forma indolente que sus derechos se cercenen, frente a los intereses de países que tienen más y mejores recursos para poder coaccionar a otros. El Estudio Económico de Empresas (EEE) requiere la inversión de capital humano y recursos económicos del Estado costarricense, para lo que al día de hoy se desconoce qué utilidad tendrá o que entidad la utilizará; solo se espera que esta información, no devenga en una violación más de los derechos y garantías de los contribuyentes.
