Costa Rica es considerado nuevamente una jurisdicción cooperante por parte de la Unión Europea (UE). Pero, ¿qué se requirió para lograrlo?, y ¿a qué precio? Lo primero fue ¿cómo llegó Costa Rica a ser una jurisdicción no cooperante o como se le conoce comúnmente ser incluida en la “lista negra”? A principios de febrero de 2023, Costa Rica fue ingresada en la lista negra de países no cooperantes de la Unión Europea, como resultado de la incerteza en su legislación con respecto al gravamen de rentas pasivas extraterritoriales. Lo anterior, reforzado por una sentencia de la Sala Constitucional emitida en 2022, que avalaba dicho criterio.
Lo anterior, llevó a la presentación de varios proyectos de ley en la Asamblea Legislativa e inclusive la creación de una comisión para “sacar a Costa Rica de la lista negra de la UE”. Esto resultó en la aprobación de la Ley N.º 10.381, la cual gravaba las rentas pasivas de empresas multinacionales (MNEs), pero a la vez establecía un criterio de “territorialidad reforzada” como contrapeso, a dicha cesión de soberanía tributaria. La Ley N.º 10.381 sería vetada por el Presidente de la República, y en última instancia, sería resellada por la Asamblea Legislativa para convertirse en ley de la República, y así cumplir con solicitado por la UE y ser excluidos finalmente de la lista negra.
Si bien Costa Rica fue excluido de la lista negra, fue incluido en la lista gris. Lo anterior, según lo externado por los personeros de ECOFIN, en tanto Costa Rica debía implementar ahora el “intercambio automático de información tributaria”. Nuevamente, se requirió otro proyecto de ley, esta vez el N.º 23.088, que terminaría convirtiéndose en la Ley N.º 10.488, mediante la cual se otorgó potestad a la Dirección General de Tributación de tener acceso a la información financiera, para intercambiarla con otras jurisdicciones adscritas al acuerdo multilateral (MLI) de los países miembros de la Organización para la Cooperación y desarrollo Económico (OCDE).
El pasado 18 de febrero, el Ministerio de Hacienda anunciaba que Costa Rica había sido considerada nuevamente como jurisdicción cooperante ante la Unión Europea. No obstante, el comunicado hacía referencia, con preocupación, al proyecto de ley N.º 23.366 que aún se encuentra en corriente legislativa y procura establecer un debido proceso para la apertura del secreto bancario al contribuyente. En este sentido, cabe mencionar que dicho proyecto no restringe la apertura del secreto bancario, sino que únicamente solicita a la Dirección General de Tributación que justifique las razones de hecho y de derecho, que conllevan la apertura del secreto bancario.
¿Cuál fue el precio a pagar para salir de la lista negra y la lista gris de la Unión Europea? Es evidente, que la inclusión en estas listas trajo para Costa Rica, una significativa presión por parte de la Unión Europea; en primer lugar, para ceder soberanía tributaria, al gravar las rentas pasivas de empresas multinacionales y, en segundo lugar, para erosionar el poco secreto bancario que aún quedaba para los contribuyentes. Todo lo anterior, se erige sobre el dilema de cuantos beneficios ha traído a Costa Rica ser un país miembro de la OCDE, y cuanto ha tenido que ceder en contraposición a lo que ha obtenido.
Es evidente, que ser un país miembro de la OCDE representa un enorme logro para Costa Rica. A propósito de ello, Costa Rica presidirá en 2025 la Reunión Ministerial de la OCDE, lo cual deja entrever razones políticas para excluir a nuestro país de la lista gris, siendo que un país con tal distinción no puede ser “un enemigo de la cooperación fiscal”. Todo lo anterior, abre un debate importante, pero poco atendido hasta ahora: ¿Cuánta capacidad de competir internacionalmente ha cedido Costa Rica en el nombre de la “cooperación fiscal”? El impuesto mínimo global, pondrá sobre la mesa dicha conversación, esperando no terminar de nuevo en una lista negra o gris.
