Este mes de enero, establece el regreso del cobro del Impuesto a las Personas Jurídicas, cuyo devengo comprende los primeros treinta (30) días naturales, siguientes al 1º de enero de cada año. Este impuesto que entró a regir desde el 2012, recae sobre las sociedades mercantiles, empresas individuales de responsabilidad limitada y sociedades extranjeras inscritas en el Registro Público. La aprobación de este impuesto no estuvo exenta de la polémica y la reticencia que viene con la creación de cualquier impuesto, siendo inclusive objeto de consulta ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por ser supuestamente contrario a la equidad e igualdad tributaria.
Pero, ¿con qué fin fue creado este impuesto? Es importante recordar el contexto histórico en la Administración Chinchilla Miranda, con un gobierno abocado y comprometido con la seguridad ciudadana. De conformidad con el Artículo 11 de la Ley N.º 9024, este impuesto debía dedicar un noventa y cinco por ciento (95%) de su recaudación al Ministerio de Seguridad Pública, para que fuese invertido en programas de seguridad ciudadana y combate a la delincuencia. El otro cinco por ciento (5%) le correspondería al Ministerio de Justicia y Paz para financiar la adecuada administración, gestión, fiscalización y recaudación de este impuesto.
De acuerdo a los últimos datos disponibles del Ministerio de Hacienda en el 2022, el impuesto a las personas jurídicas representó un ingreso anual de ₡23.414 millones de colones para el Ministerio de Seguridad. No obstante, lo anterior, Costa Rica hoy por hoy, enfrenta la mayor crisis de seguridad ciudadana en su historia. De acuerdo al Centro de Investigación de Estudios Políticos (CIEP), la tasa de homicidios dolosos del 2023 en Costa Rica fue de 17.2% por cada 100.000 habitantes, un 38% más que en 2022, mientras que el 69% de los encuestados dijo tener poca o ninguna confianza en la capacidad del gobierno para hacer frente a la criminalidad.
Lo ocurrido con este impuesto es un claro ejemplo de por qué el gobierno y su política fiscal pierden credibilidad ante la ciudadanía, resultando inevitablemente en una desincentivación para que el contribuyente pague sus impuestos. Un impuesto que fue creado para dotar a la policía de recursos, doce años después, se muestra como una carga tributaria más, de la cual, la gran mayoría de contribuyentes que lo pagan no tienen la mínima de noción de para qué fue creado, o peor aún que resultó en un despropósito en el que más bien, en medio de su cobro aumentó la criminalidad y la seguridad ciudadana, es todo, menos palpable.
La crisis de seguridad, sin embargo, no solo afecta al Ministerio de Seguridad. El Poder Judicial además, según el nuevo presupuesto aprobado para el 2025, aun no tiene los recursos para la Ley N.º 9458 de Bienestar de los Animales, ni la Ley N.º 9582 Justicia Restaurativa, aprobadas en la legislatura pasada. Lo anterior, refleja una falencia extrema en la política fiscal y económica de nuestro país que disocia el principio de beneficio de la percepción del contribuyente que no ve el pago de sus impuestos, traducidos en una mejora en sus condiciones de vida básicas, con garantías mínimas como lo son: la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia.
El ejemplo de la gestión del impuesto a las personas jurídicas, respalda el argumento una vez más de como “la aprobación de impuestos, no siempre va a ser la solución de los problemas sociales y económicos”. Es importante tener esto muy presente, en este año electoral, cuando irán y vendrán propuestas de política fiscal, no obstante, no se debe perder la noción de saber que la solución de los problemas estructurales del país, no requiere mayor recaudación, sino más bien mayor voluntad política para hacer una mejor gestión de los recursos que se tienen. No queda más que pagar un impuesto, que hoy por hoy, esta lejos de cumplir con el objetivo con que se creó .
