La entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas el 1º de julio de 2019, trajo consigo la entrada en vigencia del Capítulo XI de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual incluía, entre otros cambios, el nuevo Impuesto a las Rentas, Ganancias y Pérdidas de Capital. Esta reforma fue sucedida por la pandemia que desató el COVID-19. Lo anterior, afectó en última instancia, a los y las contribuyentes, quienes apenas empezaban a entender y dimensionar el alcance de la nueva ley y la aplicación de los nuevos impuestos.
Si bien es cierto, la interpretación de las nuevas normas jurídicas tributarias y los nuevos impuestos, no ha encontrado un consenso seguro, si logró llegar a un acuerdo sobre la integración de las rentas de capital inmobiliario a la renta bruta, que se declaraba en el Impuesto sobre las Utilidades (ISU). De esta forma, en lugar de declarar las rentas de capital inmobiliario, de forma mensual, se procedería a declararlas de forma anual con el Impuesto sobre las Utilidades, aprovechando, además, la deducibilidad de gastos asociados a la actividad lucrativa habitual.
Por otra parte, con respecto a la integración de las ganancias (y pérdidas) de capital a la renta bruta, objeto del Impuesto sobre las Utilidades (ISU), el consenso fue aun más restringido. El Reglamento a la Ley del Impuesto sobre la Renta, sin embargo, avala esta integración de forma excepcional. Además, de avalarlo de forma excepcional, el Reglamento reitera que dicha integración deberá probarse, en el caso en que, él o la contribuyente, sea objeto de una actuación de control o fiscalización por parte de la Dirección General de Tributación (DGT).
Los recientes oficios emitidos por la DGT, confirman lo anterior. La integración de rentas y ganancias de capital al Impuesto sobre las Utilidades (ISU), además de ser excepcional, deberá probarse, todo lo cual indica, que quien integre estas rentas y ganancias al ISU, tendrá una alta probabilidad de una actuación de control, por parte de la Administración Tributaria.
