El 14 de febrero, resultó ser un día de San Valentín inolvidable para la jurisdicción tributaria costarricense. La Unión Europea, incluía a Costa Rica, para sorpresa de muchos, en la lista de países no cooperantes, junto a países como Bahamas, Islas Vírgenes Británicas, Fiyi, Islas Marshall, Palau, Panamá, y Rusia, entre otros. La inclusión en esta lista resulta, bastante disonante, dado que Costa Rica, ha fortalecido su sistema tributario desde el 2011, con una serie de reformas a la que se vio obligada, con el propósito de convertirse en un país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En los últimos diez años, Costa Rica eliminó una serie de beneficios, y exoneraciones, tales como las que fomentaban los capitales golondrina. Adicionalmente, extendió la responsabilidad solidaria a los socios, estableció reglas para los grupos multinacionales, a través de la adopción de Precios de Transferencia, incluyó en su ordenamiento jurídico, normas “antifraude”, todo lo cual le hizo candidato perfecto para la inclusión en la OCDE. No obstante, todo lo anterior, parece no haber sido suficiente para la Unión Europea, la cual demanda reglas claras, con respecto al tratamiento tributario (gravamen) de rentas extraterritoriales.
¿Debe Costa Rica renunciar a su renta territorial? La realidad es que no. Si bien es cierto, la territorialidad como principio de gravamen se ha visto debilitado por las interpretaciones de los tribunales judiciales. Estas interpretaciones incluyen las de la Sala Constitucional de Costa Rica, la cual avaló recientemente la territorialidad extendida, esta no debe ser descartada o sustituida, en el peor de los casos, por la renta mundial, para poder lograr salir de la lista de países no cooperantes de la Unión Europea. ¿Qué se requiere entonces? El próximo octubre de 2023, se llevará a cabo la próxima revisión, en la cual se prevé, como mínimo, que proyectos de ley deban presentarse al Congreso.
En consecuencia, todo parece indicar que uno o varios proyectos de ley, tocarán las puertas del Congreso (Asamblea Legislativa), en un escenario muy adverso para el Poder Ejecutivo, pero a la vez muy comprometedor para el Poder Legislativo, el cual debe encontrar la forma de cooperar y dialogar, para poder crear la llave para sacar a Costa Rica, de una lista en la que nunca debió estar. La renta mundial, será la primera recomendación (¿orden?) del Gobierno, para lo que las diputadas y diputados, deberán contrarrestar con una propuesta, que se ajuste no solo a lo que solicita el Gobierno, sino además lo que solicita la Unión Europea.
¿Qué debe aprobarse en el Congreso para sacar a Costa Rica de esta lista? El mejor ejemplo, en este momento es Uruguay. Lo primero, que hizo este país vecino, muy similar a Costa Rica, en su tamaño, estabilidad democrática y dinamismo económico, fue gravar las rentas extraterritoriales derivadas de derechos de propiedad intelectual, así como las rentas derivadas de grupos multinacionales residentes en diferentes jurisdicciones. Asimismo, se incluyó una nueva fórmula de descarte para determinar que un ingreso es o no de fuente uruguaya y finalmente, se gravan las rentas pasivas, que provengan del exterior.
El camino no será sencillo para el Poder Ejecutivo, en la Asamblea Legislativa, pero la Asamblea Legislativa, tampoco podrá negarse a un consenso, que de alguna u otra forma deben lograr. El Poder Ejecutivo, intentará una vez más introducir la renta mundial, y es ahí, donde los diputados y diputadas, deberán proponer el marco jurídico necesario, para no adoptar renta mundial, pero poder establecer un marco tributario regulatorio, que le permita a Costa Rica, salir de esa lista, en la que nunca debió estar. Es un gran reto país, en el que se debe trabajar de la mano con los poderes de la República, sin ceder, eso sí, como lo pretenden ya algunos, nuestra soberanía tributaria.
