El pasado 25 de julio, el Presidente Rodrigo Chaves, en su discurso a la celebración del Día de la Anexión de Guanacaste, se dirigió a las diputadas y los diputados, para solicitarles de forma vehemente la aprobación de los “eurobonos”. Pero, ¿qué son los eurobonos? y, ¿cuál es el rol de la Asamblea Legislativa con respecto a la aprobación de estos? Los “eurobonos”, en realidad, son títulos valores de deuda externa, respaldados por el Gobierno de Costa Rica. Este respaldo, es delegado a la Asamblea Legislativa, de conformidad con el Artículo 121 inciso 15) de la Constitución Política, la cual debe aprobar los créditos financiados por capital en el exterior.
El gobierno del Señor Presidente Rodrigo Chaves, ha presentado el proyecto de ley N.º 20.036, mediante el cual solicita, que se emitan $6.000 millones en títulos de deuda externa. Este crédito, según argumenta el Poder Ejecutivo, es necesario, para realizar el pago de un título de deuda colocado por el Gobierno de doña Laura Chinchilla, por un monto de $1.000 millones, que vence en enero de 2023. De acuerdo a la motivación del proyecto de ley, se “escogió la alternativa menos costosa, generando un ahorro al escoger tasas internacionales más bajas y evitar presionar las tasas internas al alza, al tiempo que incrementó, la vida promedio de la deuda”.
El rol de la Asamblea Legislativa (AL) es de vital importancia, a corto, mediano y largo plazo. En primera instancia, a corto plazo la Asamblea Legislativa está obligada a emitir los bonos de deuda, no obstante, el día de ayer ciertos legisladores y ciertas legisladoras, han manifestado que no se aprobarán $6.000 millones en títulos de deuda, sino sólo $1.500 millones en títulos de deuda. Por otra parte, a mediano plazo, la Asamblea Legislativa debe considerar el impacto que la nueva emisión de deuda, generará con el acuerdo previamente pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en particular en lo que se refiere a la variación del déficit fiscal proyectado.
En abril del presente año se determinó que la contención del gasto, y las reformas fiscales del 2018-2019, resultaron en un superávit primario del 0.85% del PIB. Según datos, la deuda del Gobierno a marzo de 2022 ascendió a ₡28.000 millones, de los cuales un 73.98% corresponde a deuda interna y un 26.02% a deuda externa. En este sentido, la emisión de más deuda por parte del Estado, solo se compensa de una forma: generando más ingresos. De tal forma, que corresponde a la Asamblea Legislativa, consultar al Poder Ejecutivo, sobre su plan de acción económica y fiscal, a efectos de incrementar los ingresos públicos, lo cual en pocas palabras se traduce en “más tributos”.
Finalmente, a largo plazo la Asamblea Legislativa, debe velar porque el Título IV de la Ley N.º 9635 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, con respecto a la “Responsabilidad Fiscal de la República” y a que la regla fiscal se cumpla, haciendo a este capítulo las reformas necesarias, aplicables al efecto. Por otra parte, y como legado más significativo, la AL debe promover y aprobar una “Ley para el Control de Ejecución de la Deuda del Estado”, de forma tal que el control político, que se ejerce desde la AL, se materialice en beneficio de las y los costarricenses, y no sólo quede en buenas intenciones por y para la Patria.
