La llegada del nuevo gobierno ha dado su primer paso con la llegada de los nuevos diputados y las nuevas diputadas a sus curules. Esta vez, el Poder Ejecutivo será el que tenga la iniciativa con los proyectos de ley que el Gobierno considere de mayor urgencia para ser discutidos, y potencialmente, si se logran los acuerdos esperados, aprobados. En especial, se destaca una tarea pendiente del Gobierno saliente, cuál es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), mismo que el señor Presidente electo: Rodrigo Chaves, se ha comprometido a renegociar.
Costa Rica tiene, ahora más que nunca la oportunidad de reformar su política económica y fiscal, de manera tal que se pueda reparar toda esa política de “parches fiscales”, donde cada situación económica adversa, ha sido solventada con la creación de un impuesto. En particular, urge promover la equidad en la tributación mediante la implementación del Impuesto de Renta Global Dual, derogar exoneraciones, reformar las tasas reducidas del Impuesto al Valor Agregado, y unificarlas en una sola, y disminuir la carga tributaria sobre los inmuebles.
El Impuesto de Renta Global Dual, es el principal proyecto en la agenda del Fondo Monetario Internacional, el cual propone unificar la tributación de las personas físicas en el Impuesto sobre las Utilidades, a las Rentas derivadas del Trabajo en Relación de Dependencia, y a las Rentas y Ganancias de Capital, a una tarifa del veintisiete punto cinco por ciento (27.5%). Lo anterior promueve la equidad en la tributación entre personas que prestan servicios de forma dependiente y de forma independiente, siendo que los primeros empiezan a tributar a los ₡863.000 colones, mientras que los segundos, lo hacen a los ₡312.000 colones.
Por otra parte, es necesario depurar y derogar ciertas exoneraciones vigentes. De acuerdo al Departamento de Servicios Parlamentarios, en Costa Rica existen 1365 exoneraciones, de las cuales 46% no especifican el impuesto a exonerar, el 77% no tiene plazo de vigencia definido, y el 59% no tiene mecanismos de control. De acuerdo, a lo anunciado por El Financiero, las exoneraciones en Costa Rica, corresponden a unos cuatro puntos (4,15%) del Producto Interno Bruto del país, de ahí que la discusión y aprobación de una ley homologa a la Ley Nº 7293 Ley Reguladora de Exoneraciones Vigentes, Derogatorias y Excepciones, no se hace esperar.
En este mismo sentido, las tarifas reducidas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) han sido contraproducentes, siendo que impactan directamente la neutralidad fiscal, y la posibilidad de trasladar el IVA en su totalidad al consumidor final. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha afirmado que las tasas reducidas del IVA, no benefician a las personas con menos recursos, quienes ven su capacidad económica disminuida, sino aquellos que con mayores recursos tienen acceso a bienes y servicios con tarifas reducidas del IVA.
Finalmente, dentro de la agenda del Fondo Monetario Internacional, se ha incluido el Impuesto a Inmuebles de Lujo para uso habitacional, el cual impactaría de forma significativa el precio de los inmuebles, al adicionar ya un sexto impuesto sobre estos. Ante todo, la nueva agenda fiscal, debe reflejar coherencia, y un norte. El Estado costarricense no requiere más impuestos, pero sí un reajuste a los impuestos actuales, y en general un ajuste a su política macroeconómica, de manera tal que la cura, no siga siendo peor que la enfermedad como ha sucedido, en estos ocho años, que afortunadamente dentro de pocos días terminarán.
