¿Es el secreto bancario un derecho constitucional? La historia del secreto bancario se remonta al final de la primera guerra mundial, cuando Suiza, opta por proteger a sus ciudadanos y ciudadanas del asedio político y financiero de los nazis. Así, nacería lo que hoy se conoce como el “secreto bancario”. Y es que el secreto bancario, como se le conoce, tutela el derecho y autodeterminación que tiene cada persona, de no compartir con el Estado, el detalle de su patrimonio financiero; precisamente para evitar como sucedía en la Alemania Nazi, el embargo, incauto y asedio injustificado de de los bienes de las personas, sin un debido proceso para acceder a esto. El secreto bancario, entonces se convirtió en un derecho inalienable para quienes no querían financiar de forma involuntaria o involuntaria la guerra de la Alemania nazi.
Por años, el secreto bancario se mantuvo como un derecho inalienable, no obstante, la fuga de información del banco suizo UBS, que reflejaba su uso para evasión fiscal y finalmente la crisis económica derivada del mercado inmobiliario del 2008, motivaron al grupo de países del G-20 a anunciar: “el fin del secreto bancario”. Si bien ha transcurrido más de una década, todo parece indicar que el secreto bancario tiene sus días contados. El primer paso para esto se dio en el año 2010, en el gobierno de Barack Obama, a través de la implementación del FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), una ley que obligaba a las entidades financieras y por ende las bancarias, a compartir la información de ciudadanos y ciudadanas estadounidenses, so pena de aplicar una tarifa de un treinta por ciento (30%) en los dineros remesados.
La implementación de FATCA fue el primer aviso, de las potencias mundiales para doblegar la soberanía de los países, en particular los países en vías de desarrollo que se negaran a cooperar. El siguiente paso para esto, fue implementado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y llegó a través de los Convenios para Compartir Información Tributaria, más conocidos como los “TIEAs: Tax Information Exchange Agreements”, en concordancia con el “MLI” o acuerdo multilateral, mediante el cual los países se comprometieron de forma unilateral pero también plurilateralmente a compartir información financiera de sus ciudadanos y ciudadanas. Esto además, resultaba imperativo para los países que eran miembros de la OCDE, como es el caso de Costa Rica.
Al respecto, es importante hacer la distinción de la apertura del secreto bancario para un contribuyente y un presunto delincuente en Costa Rica. Si bien al primero (contribuyente) se le aplica lo dispuesto en el Artículo 615 del Código de Comercio y 106 ter del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, al segundo (presunto delincuente) le aplica lo estipulado en el Artículo 18 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. ¿La diferencia? A un contribuyente se le presume evasor hasta que demuestre lo contrario, a través de la presunción: in dubio pro fisco, mientras que a un presunto delincuente se le presume inocente, a través de la in dubio pro reo, lo cual hace que, para este último el levantamiento al secreto bancario, sea algo excepcional y no general como sucede en el caso de los contribuyentes.
Hoy por hoy, Costa Rica ha sido situada en la lista gris de la Unión Europea por su incapacidad para compartir información tributaria, aun y cuando Costa Rica es signataria del MLI desde el año 2015. En la corriente legislativa existen dos proyectos de ley antagónicos, el N.º 23.088 que le otorgaría la potestad a Hacienda de tener acceso a toda la información financiera de los contribuyentes y el N.º 23.366 que otorgaría garantías mínimas al contribuyente en la apertura del secreto bancario; este último; sin embargo, pareciese no tener el apoyo legislativo requerido, precisamente por ese temor de “no cumplir con lo que exige la OCDE”, y continuar con esa voraz agenda de inmiscuirse en la soberanía de los países y erradicar así los mínimos retazos del secreto bancario que aún nos queda.
Sin lugar a dudas, el gran enemigo hoy por hoy de los contribuyentes, de los inversionistas nacionales y extranjeros, y los emprendedores, son los mismos legisladores de nuestro que país. Los llamados “padres y madres” de la patria han optado por refugiarse en la ignorancia y la desidia, de seguir la agenda de la OCDE, sin ejercer su derecho al veto, o su capacidad de negociación, para evitar el mal menor o la menor invasión a nuestra soberanía. El secreto bancario, tiene sus días contados, lo cual, en conjunto con la iniciativa de la digitalización del dinero por parte de los Bancos Centrales, trae consigo una peligrosa tela de araña en la que pretende atrapar a las personas de forma muy sigilosa, cercenándole su derecho a la privacidad financiera, en el nombre de “evitar la evasión fiscal y obligar a los ricos a pagar”, lo cual no sucederá, pero lo que sí sucederá es que el Estado tenga acceso a nuestra información financiera.
