El pasado 7 de septiembre fue presentado en la Asamblea Legislativa, el proyecto de Ley N.º 23.331 denominado Ley de Venta del Conglomerado Financiero Banco de Costa Rica, por iniciativa del Poder Ejecutivo. Este proyecto de ley, pretende que Asamblea Legislativa, autorice al Poder Ejecutivo para la venta de la entidad bancaria estatal, a través del nombramiento ad hoc de un Comité de Venta conformado por Ministros y Ministras de Hacienda, Presidencia, Trabajo, entre otros. Este Comité, según lo propone el proyecto de ley, sería el que lleve a cabo la venta, total o parcial, de los activos y pasivos, sus subsidiarias, su marca, y su extinción como institución autónoma.
Adicionalmente, el proyecto de ley establece que el Comité de Venta, en conjunto con el Ministro de Hacienda, contratarán a una firma asesora en materia financiera, con experiencia comprobada en banca de inversión, fusiones y venta de bancos. Esta firma asesora, tendrá la responsabilidad de recomendar un modelo de estructuración, mecanismo, precio y estrategia de venta. Asimismo, esta firma realizará las investigaciones pertinentes para certificar la honorabilidad e integridad de los interesados en la venta. Finalmente, el Poder Ejecutivo recibirá de esta firma recomendaciones no vinculantes, para decir sobre el comprador.
Entre los detalles que llama la atención del proyecto, está la forma en la que este privatiza de pleno derecho la entidad, de forma irregular al constituir una sociedad de capital de conformidad con el Artículo 18 del Código de Comercio. Lo anterior, contradice lo estipulado en Artículos anteriores de dicho proyecto de ley, con respecto a la recomendación de la firma de asesoría financiera, sobre el “modelo de estructuración”, mediante el cual se llevará a cabo la venta. El proyecto de ley entonces, propone crear una sociedad anónima, que tendrá un único socio, y una Junta Directiva, elegida por el Consejo de Gobierno.
El Comité de Venta, realizará un cartel o los carteles de concurso y las bases para la venta de acciones de la nueva sociedad anónima del Banco de Costa Rica. Adicionalmente, el proyecto concede la posibilidad para con el Comité de Venta de determinar cuáles activos, pasivos, operaciones bancarias y obligaciones, deberán ser absorbidos por otro banco comercial de naturaleza pública. Asimismo, establece que los activos, cuyo giro no sea de índole bancario, serán donados al Ministerio de Hacienda. Finalmente, el proyecto establece que la venta de acciones se realizará mediante concurso nacional o internacional, por subasta u oferta única concursada.
El proyecto de ley, presenta inconsistencias significativas, entre ellas, determinar que el Poder Ejecutivo elegirá a una firma de asesoría financiera, pero ya de antemano, se establece que sus recomendaciones no serán vinculantes. Por otra parte, el Comité de Venta, se reserva la definición de los compradores adjudicados, de ahí que la subasta como tal dista mucho de ser una oferta pública o cualquier otro proceso de índole público, al que cualquier comprador pudiese tener acceso, por lo que puede inferirse que la privatización de la entidad como tal, y quienes puedan tener acceso a ella, quedará a total discrecionalidad del Poder Ejecutivo, y no del libre mercado.
En el proyecto de ley destaca la ausencia de la injerencia de la Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF), la cual debería emitir un dictamen positivo, en caso que se deba disponer de los activos del Banco de Costa Rica. Por otra parte, la entidad autónoma como tal, sobrevive en codependencia con la sociedad vendedora de acciones, hasta que se realice la totalidad de la venta de las acciones, lo cual podría tener incidencias en aspectos como responsabilidad solidaria del Estado, la sustitución patronal necesaria, y los riesgos asumidos por el Banco de Costa Rica, en esa etapa transitoria, entre otros. Los diputados, y diputadas tendrán una enorme tarea, con un proyecto de ley, que debe depurarse y desentrañarse, a efectos de cumplir su cometido.
